¿Qué leyes atañen al empleo para personas con discapacidad?

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Las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable que tradicionalmente ha sufrido exclusión. Sin embargo, en los últimos años las intensas luchas por la integración de estas personas y el respeto de sus derechos han culminado en una rica legislación protectora que por supuesto incluye el acceso de estas personas al mercado laboral, con las consecuencias beneficiosas que ello supone para su desarrollo y realización personal.

Ya la Constitución española de 1978 contempló la necesidad de instar cambios en materia de inclusión de discapacitados puesto que en su artículo 49 se obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración.

La ley básica reguladora del empleo de las personas con discapacidad es la Ley general de discapacidad 1/2013. Esta regulación tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad y promover el respeto de la dignidad inherente a las mismas. Dicha ley define la discapacidad como la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y cualquier barrera que limite su participación plena en la sociedad.

Concretamente en materia laboral se contempla la ayuda a las personas con discapacidad desde dos finalidades: la incorporación al mercado de trabajo ordinario y la incorporación al empleo protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales.

Dentro de la primera de ellas destaca el establecimiento de un contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad, regulado en la Ley 43/2006, la no existencia del límite de edad máximo de 25 años en el caso de los contratos para la formación y el aprendizaje (art. 11 del Estatuto de los Trabajadores) y las normas especiales sobre readmisión de trabajadores en situación de incapacidad permanente parcial según el RD 1451/1983.

Por su parte, en lo relativo a la segunda de las finalidades, destacamos que los discapacitados que no puedan ejercer una actividad laboral en condiciones normales pueden ser empleados en Centros Especiales de Empleo, empresas incluidas en el catálogo de entidades de la economía social, que constituyen una relación laboral especial regulada en el RD 1368/1985.

El trabajo en los Centros Especiales de Empleo

En estos contratos el trabajo deberá ser productivo y remunerado, adecuado a las características individuales del trabajador para favorecer su adaptación personal y social y facilitar una posible ulterior integración laboral en el mercado ordinario.

La organización y los métodos de trabajo deberán asemejarse lo más posible a los de la empresa ordinaria, si las condiciones personales y profesionales del trabajador lo permiten. En los Centros Especiales de Empleo será de aplicación la normativa de salud y seguridad en el trabajo y en especial la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como los derechos y deberes básicos del Estatuto de los Trabajadores.

Los discapacitados que cumplan el requisito de discapacidad de al menos 33 % serán clasificados en las Oficinas de Empleo según su tipo y grado.

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